Un par de nuevas leyes aprobadas recientemente por el gobierno argentino reforzará en gran medida su control sobre los medios de comunicación del país.

Las leyes, una de las cuales se establezca el control del gobierno sobre el precio del papel, la otra de la que define en términos generales los actos terroristas de una manera que podría incluir información de noticias estándar, son sólo el último de una serie de escaramuzas entre el gobierno argentino y los medios de comunicación. Sin embargo, el momento de estas leyes es digno de mención. Las leyes, una de las cuales se establezca el control del gobierno sobre el precio del papel, la otra de la que define en términos generales los actos terroristas de una manera que podría incluir información de noticias estándar, son sólo el último de una serie de escaramuzas entre el gobierno argentino y los medios de comunicación. Sin embargo, el momento de estas leyes es digno de mención. Como Argentina entra en un periodo de creciente incertidumbre económica, con mayor poder sobre los medios de comunicación le permitirá al gobierno a controlar mejor la información a disposición del público y, presumiblemente, ayudará a amortiguar las reacciones sociales extremas a las turbulencias económicas y los cambios de política. Análisis El gobierno argentino aprobó a finales de diciembre de dos leyes que, en conjunto reforzará en gran medida el control sobre los medios de comunicación argentinos. El primero da el control del gobierno sobre el precio y la distribución de papel para periódicos, arrebatando el control del gigante de medios Grupo Clarín, un rival del gobierno y el editor del periódico de mayor circulación del país. La ley adopta una definición amplia, vaga de terrorismo, que se refería a los medios de comunicación temen puntos de venta le permitirá al gobierno a perseguir a los periodistas que informan sobre cuestiones de interés nacional. Esta polémica es sólo el último de una larga batalla entre el gobierno y los medios de comunicación en Argentina, pero el momento es notable, llegando en medio de tiempos de incertidumbre económica cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está llevando a cabo los cambios económicos potencialmente perjudicial política. Tener un mayor poder sobre los medios de comunicación le permitirá al gobierno a controlar mejor la información a disposición del público y, presumiblemente, ayudan a amortiguar las posibles reacciones sociales extremas a las turbulencias económicas y los cambios de política. En un país donde son frecuentes las protestas, el gobierno utilizará cualquier palanca que pueda sobre los medios para mitigar el riesgo de inestabilidad perjudicial. El control de los medios de comunicación La empresa más afectada por la ley es papel de periódico Papel Prensa, que es responsable del 75 por ciento de papel para periódicos del país (el 25 por ciento restante se importa). Grupo Clarín es dueño de casi la mitad de la compañía, el conservador diario La Nación posee poco más del 22 por ciento, y el gobierno posee el resto. Razonamiento oficial del gobierno de la ley era que Papel Prensa fue comprado ilegalmente por el Grupo Clarín, La Nación y el diario La Razón durante la dictadura militar en 1976 (Fernández es ampliamente conocido por ser un activista contra el régimen militar de edad). Sin embargo, el verdadero propósito de la ley, es probable que para dar al gobierno mayor control sobre la prensa. El gobierno el 18 de enero nombrado Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien es conocido por ser un duro negociador, para coordinar los precios con papel de periódico Papel Prensa, un mensaje claro que tiene intención de estar fuertemente involucrado con la compañía. La ley antiterrorista modifica el artículo 41 del Código Penal Argentino, que se dan directrices a los jueces para determinar la condena de los crímenes, de incluir un texto que duplica la condena de un preso que ha sido culpable de haber cometido un delito “con la finalidad de aterrorizar a la población o que obliga a los gobiernos nacionales, públicas o extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de actuar. ” La controversia ha surgido en la definición de “aterrorizar a la población,” los grupos sociales y organizaciones de medios de comunicación sostienen que la presentación de informes estándar de los principales problemas económicos, tales como la fuga de capitales en curso en Argentina y los problemas de la inflación podría ser interpretado como el terror si se le pide a los argentinos a convertir sus pesos a dólares , retirar el dinero de los bancos o tomar otras acciones para proteger sus bienes personales. Con la moneda de 2001 y la crisis económica todavía fresco en la memoria pública, esto no es un escenario poco probable. El gobierno ha negado que su intención de utilizar la ley antiterrorista de tal manera, que apunta al lenguaje que dice que no es aplicable “cuando el acto involucrados tenían que ver con el ejercicio de los derechos humanos y / o derechos sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Sin embargo, el gobierno y los medios de comunicación tienen una historia de confrontación, y por lo tanto la posibilidad de que no se puede descartar. La Nación y Grupo Clarín son críticos del gobierno de Kirchner, y ambos han apoyado históricamente a los golpes militares contra el gobierno. Como una manera de reducir el poder de Clarín y La Nación, el gobierno aprobó una ley anti-monopolio en el año 2009 específicamente diseñado para obligar a Grupo Clarín a vender activos, como su división de televisión por cable. Incertidumbre económica La necesidad de controlar la naturaleza de la discusión en la Argentina está estrechamente vinculada a las actuales políticas económicas del gobierno. Argentina ha existido en un estado de continuo aumento del gasto público como consecuencia de la crisis de 2001 y el default de la deuda posterior. Luchas en curso para mejorar el efecto inflacionario de exceso del gasto público ha llevado al Gobierno a subestimar las cifras de la inflación subyacente y con frecuencia ha llevado al gobierno a entrar en conflicto con las organizaciones de control. En este punto, el gasto impulsado por el gobierno de la recuperación económica ha empezado a agotar las arcas del Estado. Como resultado de ello, a raíz de las elecciones presidenciales de octubre, el gobierno anunció recortes en los subsidios para los bienes de consumo, y una serie de restricciones en el intercambio de divisas y la repatriación de capitales se han puesto en marcha. Estos cambios, junto con una recesión mundial esperada como resultado de un caos financiero en Europa, son un indicio de que Argentina puede estar enfrentando un período de inestabilidad económica y social. La preocupación para el gobierno es manejar con cuidado la alta tasa de inflación, fuga de capitales, reducción de los subsidios y la reducción del crecimiento económico con el fin de prevenir una crisis. Dinero de la publicidad del gobierno central es una fuente clave de ingresos para los medios de comunicación, y el gobierno sin duda tiene la capacidad para hostigar a burocráticamente estas organizaciones, por lo que no está claro si el gobierno tendrá que utilizar estas leyes para el control de los medios de comunicación. Sin embargo, ahora las tiene Fuente: http://www.seprin.com/2012/01/26/83607/